Organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión señalan que la difusión de listas de comunicadores desde plataformas oficiales fomenta el acoso digital y la estigmatización del gremio.
Monterrey,13 de agosto de 2026.- Organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y libertad de prensa, entre los que destacan Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su preocupación ante la exposición de listas y categorizaciones de periodistas, medios de comunicación y analistas por parte de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia.
El pronunciamiento ocurre tras la presentación encabezada por la funcionaria Luisa María Alcalde en la sección “Derecho de Réplica” de la conferencia matutina, donde se exhibió un mapeo sobre una presunta “red de amplificación digital” que catalogaba a comunicadores y empresas editoriales como emisores u originadores de narrativas críticas hacia la administración pública.
Riesgo de estigmatización y acoso en entornos digitales
Las agrupaciones internacionales destacaron que la inclusión de nombres específicos de periodistas en registros gubernamentales de Monitoreo o “fichamientos” expone a los comunicadores a campañas intensivas de descalificación y ciberacoso.
De acuerdo con los marcos conceptuales fijados por la CIDH y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando las autoridades emplean recursos y tribunas públicas para calificar el trabajo informativo de particulares, se genera un ambiente de hostilidad que eleva los niveles de vulnerabilidad para el ejercicio periodístico.
Efecto inhibitorio sobre el debate público
Los organismos señalaron que estas dinámicas institucionales vulneran los principios de neutralidad del Estado en el flujo de la información y producen un “efecto inhibitorio” (chilling effect), mediante el cual se incentiva la autocensura por temor a represalias o señalamientos públicos desde el poder político.
Entre las principales observaciones de los organismos destacan:
- Incompatibilidad con estándares de libertad de expresión: La elaboración de censos o listas oficialistas que clasifican la postura de los medios transgrede las recomendaciones de la Relatoría Especial de la CIDH sobre el discurso público responsable.
- Falta de debido proceso en la verificación: El señalamiento de cuentas o comunicadores como coordinadores de campañas de ataque carece de mecanismos transparentes e independientes de auditoría técnica, según han alertado expertos en derechos digitales.
- Exposición en un contexto de alto riesgo: La estigmatización desde espacios estatales agrava la situación de vulnerabilidad en un país que se mantiene como uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo a nivel global.
Los organismos internacionales reiteraron su llamado al Gobierno de México para que garantice el respeto a la pluralidad informativa, cese la utilización de espacios oficiales para catalogar a la prensa crítica y dé cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de protección a periodistas y libertad de información.
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