Acción Nacional pide rastrear cuentas, transferencias, contratos y operaciones del hijo del expresidente y de su círculo cercano; plantea indagar posibles vínculos con huachicol fiscal y tráfico de influencias
Por: Demis Santana
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La revocación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán abrió un nuevo frente político en México. Mientras el gobierno federal ha centrado su respuesta en cuestionar la decisión de Estados Unidos y señalarla como un acto de carácter político, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió que el caso sea investigado por las autoridades mexicanas.
Durante actividades realizadas este viernes en Tamaulipas, la dirigencia estatal del PAN compartió el posicionamiento de la dirigencia nacional respecto al caso de López Beltrán, en el que se demanda a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar “a la brevedad”.
La exigencia central del partido opositor es que la Fiscalía abra una investigación integral sobre los posibles vínculos de López Beltrán con el denominado huachicol fiscal, el tráfico de influencias y operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
El PAN también planteó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realice un rastreo de cuentas, transferencias, contratos y operaciones financieras relacionadas con López Beltrán y con personas de su círculo cercano.
De acuerdo con el posicionamiento difundido por Acción Nacional, la investigación debería abarcar además la presunta existencia de una red empresarial construida alrededor de amigos del hijo del expresidente.
El planteamiento opositor ocurre después de que López Beltrán denunciara que Estados Unidos canceló su visa y señalara directamente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau como responsables de la decisión.
Hasta ahora, la revocación de la visa no constituye por sí misma una prueba de que López Beltrán haya cometido un delito. Las acusaciones planteadas por el PAN son precisamente una exigencia para que las autoridades mexicanas investiguen si existen elementos que pudieran acreditar alguna irregularidad.
PAN quiere que México investigue
La dirigencia panista considera insuficiente que el gobierno mexicano centre la discusión exclusivamente en la actuación de Estados Unidos.
Su postura es que, independientemente de las razones que hayan llevado al gobierno estadounidense a cancelar la visa, México tiene sus propias instituciones para investigar posibles delitos financieros o actos de corrupción.
Por ello, el partido exigió que la FGR cite a López Beltrán y abra una investigación sobre los señalamientos formulados en su contra, mientras que la UIF debería revisar el comportamiento financiero del también dirigente de Morena y de personas de su entorno.
La petición coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum ante un dilema político: mientras Palacio Nacional sostiene que no debe permitirse la injerencia extranjera en asuntos mexicanos, la oposición demanda que las instituciones mexicanas sean las que determinen si existe o no alguna responsabilidad.
Del conflicto diplomático al escrutinio financiero
El caso adquiere una dimensión adicional porque López Beltrán no es solamente hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Actualmente es una figura relevante dentro de Morena y su actividad política ha sido observada de cara al proceso electoral de 2027.
Por ello, la decisión estadounidense de revocarle la visa provocó inmediatamente una disputa política en México.
El gobierno federal ha cuestionado la medida y defendido al hijo del expresidente, mientras que el PAN intenta desplazar el debate hacia otro terreno: el origen y movimiento de los recursos económicos de López Beltrán y de su círculo cercano.
La oposición sostiene que la respuesta no debe limitarse a discutir si Estados Unidos actuó correctamente.
La pregunta, plantea Acción Nacional, es si las autoridades mexicanas están dispuestas a investigar.
La exigencia queda sobre la mesa
El PAN nacional pidió concretamente a la FGR investigar posibles vínculos con el huachicol fiscal, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y la red empresarial alrededor de López Beltrán.
También reclamó una revisión financiera mediante la UIF.
Por ahora, se trata de acusaciones y exigencias de investigación formuladas por Acción Nacional, no de delitos acreditados judicialmente.
La pelota queda, por tanto, en la cancha de las autoridades mexicanas.
Porque más allá de la decisión migratoria de Estados Unidos, el nuevo debate político ya está planteado:
si el gobierno mexicano considera que las acusaciones contra Andy López Beltrán son infundadas, la vía más contundente para demostrarlo sería una investigación mexicana, financiera y transparente, que determine qué hay detrás de los señalamientos y qué no.
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